El Gobierno lanzará un aviso público para estimular el fracking en Brasil 

Agência Pública | Anna Beatriz Anjos 06/14/22 14:10

El gobierno federal está a punto de lanzar la convocatoria pública del proyecto Pozo Transparente, que fomentará la exploración de yacimientos no convencionales de gas y petróleo en Brasil mediante técnicas como la fracturación hidráulica, conocida popularmente como fracking. Esta práctica, que ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor mundial de hidrocarburos y que ha sido prohibida en países como Alemania, Francia y Reino Unido, está relacionada por la ciencia con los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana.

Aunque los esfuerzos para poner en marcha el proyecto no comenzaron en el gobierno de Jair Bolsonaro – la intención de desbloquear la producción de recursos no convencionales ya se discutió en el ámbito de la primera versión del REATE (Programa de Revitalización de la Actividad de Exploración y Producción de Petróleo y Gas Natural en Áreas Terrestres), cuyo informe final fue publicado en octubre de 2017- el plan de gobierno del entonces candidato a la presidencia en 2018 ya predicaba el “incentivo a la exploración no convencional” de petróleo y gas y defendía que podía ser “practicada por pequeños productores”, frente al “monopolio de Petrobras sobre toda la cadena de producción de combustibles”. 

Tan pronto como se publique la convocatoria pública -que debe ocurrir a “mediados de junio”, según informó el Ministerio de Minas y Energía (MME) a la Agencia Pública a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI)-, las empresas que quieran hacer fracking en pozos no convencionales en bloques o campos bajo su concesión pueden inscribir propuestas, que deben ser seleccionadas por el ministerio. Un borrador del anuncio público, sometido a consulta pública entre el 30 de marzo y el 29 de abril, afirma que pueden calificarse “uno o varios proyectos”.

Uno de los principales interesados en el programa es el sector de la exploración de gas -un recurso de origen fósil-, que ve en el Pozo Transparente una oportunidad para impulsar su producción. Eneva, el mayor operador privado de gas natural de Brasil, ya ha manifestado su intención de presentar una propuesta para realizar fracking en el interior de Maranhão, donde posee un complejo formado por cuatro centrales termoeléctricas y campos de producción de gas. 

Próximo a entrar en la fase práctica, el Pozo Transparente existe formalmente desde mayo de 2020, cuando se puso en marcha en el marco del Programa de Asociaciones para la Inversión (PPI), del Ministerio de Economía, “con el fin de apoyar la licencia ambiental y otras medidas necesarias para hacer viable el proyecto”. Como todas las iniciativas calificadas por el PPI, el programa está clasificado como prioritario, lo que permite al gobierno acelerar su aplicación. 

Alternativa para “romper el hielo” con la sociedad

Entre las empresas, existe la expectativa de que el Pozo Transparente facilite la obtención de licencias ambientales para las empresas no convencionales. Hoy en día, el fracking no está permitido en Brasil porque no existe una regulación específica para el proceso de licencia ambiental necesario para su realización, según determina una resolución de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). 

Además, las decisiones judiciales han invalidado los contratos de concesión de bloques con potencial para la exploración de gas a través del fracking subastados por la ANP en 2013, en su duodécima ronda, la primera en ofrecer áreas onshore -es decir, en tierra- con estas características. El Ministerio Público Federal (MPF) jugó un papel decisivo en este aspecto al presentar acciones civiles públicas solicitando la suspensión de los contratos debido a la falta de estudios ambientales previos de los sitios donde se realizaría la exploración, fundamentales, según los investigadores, para garantizar la seguridad de las operaciones. También se aprobaron leyes que prohíben la actividad en dos estados, Paraná (específicamente para la exploración de gas) y Santa Catarina (para el gas y el petróleo) , tras la movilización de la sociedad civil facilitada por movimientos ecologistas como la Coalición No al Fracking Brasil (COESUS).

Ante el escenario desfavorable, el gobierno federal apostó por la creación de un proyecto piloto con el argumento de probar la fracturación hidráulica en el país, inspirado en iniciativas similares en otras partes del mundo, como SHEER (Shale Gas Exploration and Exploitation Induced Risk), en Polonia; MSEEL (Marcellus Shale Energy and Environment Laboratory), en Estados Unidos; y PPII (Proyecto Piloto de Investigación Integral), en Colombia.

Enarbolando la bandera de la transparencia, el gobierno federal se ha fijado como objetivo principal del Pozo Transparente permitir a la sociedad seguir – a través de los datos puestos a disposición en Internet, por ejemplo – la ejecución de los proyectos seleccionados y sus prácticas operativas “para que se produzcan de forma ambientalmente segura”, según un libro electrónico elaborado por los ministerios de Minas y Energía y Economía, ANP y Empresa de Investigación Energética (EPE). El documento dice que el propósito de la iniciativa es también generar conocimiento sobre los yacimientos no convencionales del país. 

En otro folleto producido por el MME y la EPE, esta vez en colaboración con FGV Energía y Rede Gasbras, el secretario de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles del ministerio, Rafael Bastos da Silva, firma un artículo en el que afirma que “el Proyecto Pozo Transparente tiene el potencial de abrir el acceso a los recursos no convencionales en Brasil, confiriendo una ampliación de las posibilidades de las fuentes de energía”.

Sin embargo, las organizaciones ecologistas critican el intento del gobierno. “La idea de ANP fue: a nadie le gusta el fracking, así que voy a hacer un lavado de cara verde e inventar un negocio llamado Pozo Transparente. No hay que tener miedo, porque habrá transparencia en lo que va a ocurrir, y por tanto daremos la seguridad de que esta tecnología es fiable”, dice el ingeniero Juliano Bueno de Araújo, fundador de Coesus y del Instituto Arayara, que lleva al menos una década siguiendo la agenda del fracking. 

Para él, el Pozo Transparente “no es más que una gran farsa técnica y científica de la ANP, que creó un paquete de celofán sobre una tecnología que es absolutamente igual [al fracking], para viabilizar pozos en algunas regiones de Brasil y generar la viabilidad comercial del esquisto brasileño”.

Edmilson Moutinho dos Santos, profesor del Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de São Paulo (IEE-USP), que coordinó la Red Gasbras de investigación sobre el gas no convencional en Brasil -el proyecto reunió, hasta 2021, a varias universidades brasileñas- también ve en la creación del Pozo Transparente un intento de suavizar la oposición al fracking en la sociedad civil. “¿Cómo han tratado muchos países en el sentido de intentar romper la resistencia e invertir un poco la percepción social de la cosa? Se nos ocurrió esta idea de pozos transparentes, hechos con operaciones típicas de la empresa, como se hará un día si la empresa va a operar. No es un laboratorio, es una actividad real, pero con seguimiento científico y social”, describe. “En algunos lugares, [este tipo de ejercicio] ha sido muy positivo, en otros, no ha sido muy efectivo, pero es una salida que se considera buena para romper el hielo [con la sociedad]”.

Qué es el fracking

“Pizarra” es el término que se utiliza popularmente para referirse al esquisto, una de las formaciones rocosas no convencionales en las que puede haber gas y petróleo. También hay yacimientos “apretados” de arenisca o carbonato con petróleo y gas (tight oil and gas), entre otros. Todos estos tipos de roca son de baja permeabilidad, más difíciles de explorar que los típicos yacimientos que producen petróleo y gas convencionales. 

Según la EPE, se mapearon reservas potenciales de siete tipos de recursos no convencionales en 14 cuencas sedimentarias brasileñas, destacando, por su variedad, la del Paraná (que se extiende por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná y Santa Catarina), la de Parnaíba (que abarca partes de Pará, Maranhão, Piauí y Tocantins) y la de Recôncavo (Bahía). 

En relación con el gas de hoja -que ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor mundial de gas- las cuencas de Parnaíba, Paraná, Recôncavo, Solimões (en Amazonas) y Amazonas (en Amazonas, Pará y Amapá) son las más prometedoras. El Departamento de Información Energética de Estados Unidos (EIA) sitúa a Brasil como el décimo país con más recursos en gas de hoja del planeta.

Para que la explotación comercial de estos yacimientos no convencionales sea viable, se necesitan técnicas más complejas. En primer lugar, el pozo se perfora verticalmente hasta alcanzar la capa de roca que se quiere explorar, que suele estar a profundidades de entre 1,8 y 3 km por debajo de la superficie. A partir de ahí, la perforación continúa en horizontal a lo largo de una distancia que oscila entre 1 y 3 km y, al final de este proceso, el pozo se reviste con tubos de acero y se cementa. Luego viene la fracturación hidráulica: la inyección de grandes cantidades de agua con diversos productos químicos (en la literatura científica hay constancia de más de mil componentes químicos ya utilizados en las operaciones) y arena a alta presión, lo que produce fracturas en las rocas, permitiendo que el gas y el petróleo antes inaccesibles fluyan hacia la tubería y sean extraídos.

Douglas Lopes/Agência Pública

En la consulta pública, las empresas y entidades buscan la flexibilización de las normas y el incentivo fiscal

En el crepúsculo de 2021, el 30 de diciembre, el presidente Jair Bolsonaro aprobó una resolución del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) determinando que se sometiera a consulta pública un proyecto de aviso de Pozo Transparente. Esto ocurrió a través de un formulario que estuvo disponible del 30 de marzo al 29 de abril de este año en la página de consultas públicas del MME. 

Aunque, según la página web del MME, la herramienta debe servir como “canal de interacción” entre la cartera y los ciudadanos “para permitir la participación popular en la gestión pública”, Pública comprobó, a través de los datos a los que accedió vía LAI, que la mayoría de las manifestaciones en el formulario procedían de empresas y entidades del sector. De las 57 sugerencias enviadas, 53 fueron propuestas por la Asociación Brasileña de Productores Independientes de Petróleo y Gas (Abpip), el Instituto Brasileño de Petróleo y Gas (IBP) -ambos representan a las empresas del sector que operan en Brasil-, por Eneva y por Schlumberger, una multinacional de servicios de petróleo y gas. Los otros cuatro fueron enviados por Rede Gasbras.

Los resultados de la consulta hacen aún más evidente que Eneva planea invertir, a través del Pozo Transparente, en recursos no convencionales en el Complejo Parnaíba, ubicado en la región de Santo Antônio dos Lopes (MA), a 300 km de la capital São Luís – allí, la empresa ya opera diez campos de producción de gas. La intención fue expresada en un evento para inversores en febrero de este año, cuando Eneva reveló que planea explorar cuatro pozos no convencionales en la región; en ese momento, uno de ellos ya estaba perforado y preparado para “estimulación y pruebas”. Pública tuvo acceso al documento con la información.

La única manifestación de Eneva -cuyos principales accionistas son BTG Pactual y Cambuhy Investimentos, un fondo de la familia Moreira Salles- en el cuestionario proponía una especie de “bien pensado”. Por ley, como operador de generadores termoeléctricos, debe destinar anualmente el 1% de sus ingresos netos de explotación a inversiones en investigación y desarrollo del sector eléctrico. Como el Complejo de Parnaíba es un emprendimiento del modelo “central en cabeza de pozo” – es decir, produce y quema gas, generando electricidad en el mismo lugar – la empresa sugirió incluir las inversiones en exploración no convencional, en el ámbito del Pozo Transparente, en estas obligaciones ante la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel). Esto ayudaría a su negocio en dos frentes: aumentar la disponibilidad de combustible para alimentar su parque de generación y, una vez asegurada esta sostenibilidad, diversificar las opciones de monetización de su gas. Así lo recoge la carta a los accionistas publicada por el consejero delegado de la compañía, Pedro Zinner, en marzo de este año, sobre las operaciones de la empresa en 2021.

Otro aspecto que beneficia a Eneva fue abordado por Abpip y el IBP. Uno de los apartados del borrador establece que, para que un proyecto sea aceptado, debe haber una distancia mínima de 1.500 metros entre el pozo perforado para el fracking y un acuífero que pueda ser utilizado para fines domésticos o industriales. Abpip solicitó la supresión del párrafo, argumentando que la definición “no se ajusta a las mejores prácticas de la industria terrestre y podría hacer inviable la inclusión de activos importantes en la notificación pública”. Citó como ejemplo precisamente el caso de la cuenca sedimentaria de Parnaíba, donde se encuentran las operaciones de Eneva en Maranhão, responsable de “la segunda mayor producción de gas natural en tierra del país”. Según la Abpip, los pozos con potencial no convencional en esa región se encuentran a una distancia de entre 1.200 y 1.400 metros de los acuíferos, lo que no respetaría el límite determinado por la primera versión del aviso. En caso de que no se atienda la petición de excluir el tramo, las organizaciones sugirieron que el veto a los proyectos se produzca “cuando no existan estudios técnicos que demuestren que la ejecución del pozo transparente no afectará a la base de un acuífero susceptible de ser utilizado con fines domésticos o industriales”.

La Abpip también intentó flexibilizar un criterio más de la convocatoria pública para la calificación del proyecto: el borrador determina que los pozos donde se realizará la fracturación hidráulica deben estar a una distancia mínima de 500 metros de “construcciones habitadas”. Una vez más, la asociación solicitó la exclusión del punto, afirmando que “no hay estudios de casos en la literatura académica que relacionen la proximidad del pozo a una construcción habitada con ninguna externalidad negativa para los habitantes”. 

Además, la Abpip opinó que deberían obtenerse nuevos incentivos fiscales para las empresas interesadas en participar en el Pozo Transparente. Pidió, por ejemplo, que los proyectos seleccionados puedan gozar de los beneficios del Régimen Especial de Incentivos para el Desarrollo de Infraestructura (Reidi) -cuyo objetivo es aliviar el despliegue de proyectos de infraestructura- y del Régimen Aduanero Especial para la Exportación e Importación de Bienes para la Exploración y Extracción de Petróleo y Gas Natural (Repetro), que eximiría a las empresas del pago de impuestos federales en la importación o compra en el mercado interno de los productos utilizados en sus actividades de exploración no convencional.

Schlumberger también intervino en nombre de sus intereses. En uno de ellos, solicitó que la convocatoria pública condicionara la aprobación de los proyectos a la demostración, por parte de los licitadores, de “experiencia operativa mediante contrato activo con proveedores de servicios que tengan experiencia local o mundial en proyectos similares”. El requisito encajaría como un guante en la empresa, el mayor proveedor de servicios petroleros del mundo, incluidos los servicios y tecnologías para la fracturación hidráulica.

En un comunicado, la Abpip afirma que sus aportaciones a la consulta pública “siguen premisas técnicas rigurosas y tradicionalmente establecidas en la exploración y producción de recursos no convencionales” y que considera el Pozo Transparente “un paso importante en el camino para transformar los recursos no convencionales en una palanca de prosperidad económica y social”.

Pública también se puso en contacto con IBP, Eneva y Schlumberger, pero no había recibido respuestas al cierre de este informe.

Riesgos para el aire, la tierra, el agua y la salud humana

El problema es que este proceso puede acarrear una serie de consecuencias medioambientales, como la ciencia y las comunidades afectadas han ido señalando a lo largo de los años. 

Uno de los más notables son las importantes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los principales responsables del calentamiento global, no sólo en las fases de exploración y producción del gas de esquisto, sino también en la maquinaria pesada utilizada en las operaciones y el intenso movimiento de vehículos de transporte, lo que también provoca un empeoramiento de la calidad del aire local. También hay emisiones “fugitivas” de metano, un potente GEI, que se producen a veces cuando se inyectan fluidos en los pozos y se devuelven a la superficie (el “agua de retorno”) para extraer el petróleo o el gas. Un estudio de 2019 descubrió que, durante la década anterior, la producción estadounidense de gas de esquisto puede haber contribuido a más de la mitad del aumento de las emisiones derivadas de los combustibles fósiles en todo el planeta y a aproximadamente un tercio del aumento de las emisiones mundiales de todas las fuentes de GEI durante el mismo periodo.

Los temblores inducidos por la fracturación hidráulica o como resultado de ella representan otro impacto. Pueden deberse a la propia fracturación hidráulica o a la reinyección en la roca del agua sucia que sube a la superficie con el petróleo o el gas, una forma más barata de eliminarla. En el estado norteamericano de Texas, por ejemplo, el número de terremotos de magnitud 3 o superior se duplicó de 2021 a 2022, lo que los científicos han atribuido a la reinserción del agua en el subsuelo tras el fracking. Según la escala de Richter, a partir del nivel 3,5 el temblor comienza a ser sentido por la población. En Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, una región con la segunda mayor reserva potencial de gas foliar del mundo y donde se lleva a cabo el fracking desde 2011, los terremotos también están dañando la vida de las comunidades. Un estudio identificó 206 terremotos en la región entre 2015 y 2020, algo que puede considerarse una nueva dinámica local y que está relacionado con la fracturación hidráulica, concluyeron los investigadores. Por la misma razón, el Reino Unido prohibió esta práctica en 2019.

Sin embargo, “los recursos hídricos son potencialmente los más sensibles a los impactos ambientales derivados de las actividades de fracking”, según el cuaderno de FGV Energia, MME, EPE y Gasbras, porque requieren “importantes cantidades de agua dulce” y generan “grandes volúmenes de residuos líquidos contaminados por diversos elementos y compuestos potencialmente tóxicos”. La técnica exige, según algunos estudios, de 10 a 17 millones de litros de agua por cada pozo, lo que amenaza la seguridad hídrica de las regiones donde se ejecuta, especialmente donde ya hay escasez o en épocas de sequía. Además, existe el riesgo de contaminación de los acuíferos, a través de los cuales pasan las perforaciones que se dirigen a capas de roca muy por debajo de la capa de agua subterránea. Más probable que eso, según muestra un artículo científico publicado en 2017, es la contaminación de las aguas superficiales, como ríos y arroyos, por derrames o fugas accidentales de fluidos residuales del fracking.

Todas estas implicaciones pueden causar daños a la salud humana. Una investigación publicada en marzo de este año reveló que las sustancias químicas relacionadas con la fracturación hidráulica han llegado a los acuíferos que alimentan los sistemas municipales de agua en Pensilvania -considerado uno de los epicentros de la práctica en EE.UU.-, siendo el potencial de contaminación mayor durante el periodo de preproducción, cuando se perfora un nuevo pozo. Los autores del trabajo también observaron que cada nuevo pozo abierto a menos de 1 km de una fuente de agua potable pública se asocia con un aumento del 11 al 13% en la incidencia de nacimientos prematuros y bajo peso de los bebés expuestos durante el embarazo.

El físico Roberto Kishinami, experto en energía y cambio climático y coordinador del Instituto para el Clima y la Sociedad (iCS), cree que, sobre todo por los impactos hídricos del fracking, el Pozo Transparente no vencerá la resistencia de la sociedad. “Estas leyes que aparecieron en varios municipios y estados están motivadas principalmente por la contaminación del agua. Eso es lo que hace que la gente se movilice y pida que se detenga el fracking. Sucederá en todos los demás lugares, no me cabe duda”, afirma. 

Un ejemplo brasileño de cómo la articulación local contra la fracturación hidráulica ya ha alcanzado vuelos más altos es el municipio de Toledo, en el oeste de Paraná, cuya área se superpuso completamente a los bloques de exploración no convencional subastados por la ANP en 2013. En 2014 se aprobó una ley municipal que prohíbe la explotación de gas búnker a través del fracking, y en 2016, otra ley, acabando con la posibilidad de que se realicen estudios sobre el tema. Con una economía basada en la agricultura y la ganadería, los actores políticos de la ciudad se unieron en torno a la agenda por temor a que el fracking llegará a las aguas y hiciera inviable la producción agrícola. En 2019, el ex alcalde del municipio José Carlos Schiavinato (PP-PR) propuso un proyecto de ley (PL) que pretende impedir la práctica de la fracturación hidráulica en Brasil – el informe del PL está a la espera de ser votado en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Complejo Eneva en Parnaíba, donde la empresa ya opera diez campos de producción de gas

La lucha contra el tiempo para hacer viable el fracking

A pesar de los impactos ambientales, climáticos y sanitarios científicamente relacionados con el fracking, el gobierno federal y la industria del gas -especialmente las llamadas “empresas independientes”, de pequeño y mediano tamaño- defienden su práctica porque consideran que el aumento de la producción del combustible será ventajoso para Brasil, que, según ellos, aún no aprovecha todo el potencial del recurso. 

En el libro electrónico sobre el Pozo Transparente, el gobierno federal indica que “la exploración y producción de gas natural en yacimientos no convencionales puede ser una oportunidad para diversificar las fuentes y aumentar la seguridad del suministro de gas natural en el país”. El documento destaca que las cuencas sedimentarias del interior de Brasil son las más prometedoras en cuanto a la existencia de estas reservas, que tendrían “el potencial de favorecer la interiorización del gas natural, la expansión del sistema de transporte y la generación de energía”.

Edmilson Moutinho dos Santos recuerda que hay una carrera contrarreloj para que el gas natural sea económicamente viable en el país. Y es que el imperativo de la transición energética está llamando a la puerta: según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero sólo serán posibles si el mundo empieza a utilizar mayoritariamente fuentes renovables y a reducir la dependencia de combustibles fósiles como el gas natural. 

Debido al cada vez más corto plazo de uso de la “energía sucia” y a la guerra de Ucrania, que agitó la geopolítica del gas y del petróleo con sanciones económicas a Rusia, gran exportador de ambos productos, el profesor sostiene que Brasil está ante la “ventana de oportunidad que podríamos esperar, tanto para el gas de esquisto como para el gas del presal”. Evalúa que la exploración de las reservas de gas no convencional serviría “para hacer pequeñas revoluciones locales en el interior del país, que tiene carencias de fuentes energéticas locales y demandas crecientes”. Pero reconoce que la medida tiene límites. “La escala de esto para los propósitos de Brasil va a ser pequeña probablemente, no va a ser nada comparado con el pre-sal, [mucho menos] con los Estados Unidos”.

Este análisis, sin embargo, está lejos de ser un consenso. En una entrevista con Pública a principios de este mes, Kishinami explicó que el gas es una buena alternativa para los países cuya matriz eléctrica se basa en el carbón, lo que no es el caso de Brasil, que obtiene casi el 85% de su electricidad de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas. “Todo el mundo en el sector hace apología de la matriz eléctrica brasileña diciendo que es la más limpia”, afirma. “Eso es cierto y nos posiciona para ir en la dirección contraria a la que vamos ahora. Sólo que hoy en día esto se utiliza para decir “está bien tener un poco más de gas natural, que es fósil, porque no ensuciar tanto la matriz”. El problema es que este camino con el gas natural nos hace retroceder”.

El fracking amenaza la seguridad hídrica de las regiones donde se lleva a cabo, contaminando potencialmente los acuíferos y causando daños a la salud humana.

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